¿Qué es el Enriquecimiento Ilícito?

Octubre 26, 2023

En Costa Rica, el delito de enriquecimiento ilícito se refiere a la obtención de un incremento patrimonial significativo por parte de un funcionario público que no pueda justificar adecuadamente su origen lícito. Este delito está contemplado en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley N° 8422), que busca prevenir y sancionar actos de corrupción y enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos.


En tal sentido, en esta publicación nuestro abogado en Costa Rica, ampliará este tema para conocer qué es el enriquecimiento ilícito y cómo este afecta el derecho a la administración pública. Además, deben justificar las variaciones o incrementos que su patrimonio pudieran presentar durante el ejercicio de su cargo público.

¿Qué se Entiende por Enriquecimiento Ilícito?

Como se menciona al inicio, el enriquecimiento ilícito se da cuando una persona incrementa su patrimonio personal al valerse de actividades ilícitas. Este tipo de acciones se ven a menudo en profesionales de negocios o de quienes ocupan un cargo en la administración pública, al aplicar una práctica abusiva en la ejecución de sus funciones donde se adjudica los recursos que pertenecen al Estado.

¿Cómo Afecta el Enriquecimiento Ilícito?

El enriquecimiento ilícito es un delito que afecta tanto al sector privado como al público. En el caso del sector privado, cuando la persona se enriquece mediante el comercio ilegal de sustancia estupefacientes o a través de otras acciones delictivas que contaminan a la ciudad donde se practican. En cuanto al sector público, es el Estado quien se ve afectado por las malas prácticas de uno de sus funcionarios.

Por otro lado, se da el caso de que, a causa de la mala praxis de un funcionario público, se vea afectada un persona natural o jurídica, sindicato, u asociación del sector privado, lo que conllevaría a un contencioso administrativo para solicitar el resarcir de los daños cometidos por el uso de poder de tal funcionario a nombre del Estado.

El primer caso, ocupa una sanción por operación ilegal como fuente de ingresos; no obstante, cuando quien comete el delito es un funcionario público, se sanciona en base a la Ley Nro. 8422 que establece las sanciones penales y administrativas para los funcionarios que sean encontrados culpables de enriquecimiento ilícito, sanciones que pueden incluir penas de prisión y la confiscación de los bienes adquiridos ilícitamente, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.

¿Cuál es la Ley 8422 Costa Rica?

La Ley 8422, como se menciona al principio, es la legislación que se aplica en contra de casos de corrupción y enriquecimiento ilícito mediante el ejercicio de la administración pública. Por consiguiente, la Ley 8422 tiene por objeto la prevención, detección y sanción de quienes, valiéndose del ejercicio público, incrementan su patrimonio de forma ilícita perjudicando los bienes del Estado y a su ciudadanía en general. Esta ley también contempla la protección de los ciudadanos que denuncien estas prácticas y la confidencialidad de la información que suministren en su denuncia.


Cabe señalar que esta ley también contempla las obligaciones que tienen los funcionarios públicos de declarar bajo juramento la memoria y cuenta anual de sus obligaciones y los bienes patrimoniales que poseen durante el tiempo de ejercicio de sus funciones públicas. En caso de presentar una variación el patrimonio personal declarado durante el ejercicio de sus funciones públicas, deberá presentar una justificación válida para el caso.

Abogados Especialistas en Casos de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica

En BRR Bernal Ríos Robles Oficinas Legales somos una oficina de abogados vanguardista en Costa Rica y certificada en LegalTech para brindarle la asesoría, representación y el acompañamiento legal que necesita en casos de que le hayan imputado el delito de enriquecimiento ilícito o pretenda demandar como víctima de este delito. Es importante mencionar que, como en cualquier caso legal, el debido proceso y el respeto a los derechos del acusado son fundamentales. Por ello, como expertos en Derecho Administrativo podemos brindarle la asesoría que requiere para garantizar y defender sus derechos.

Agende una cita con nuestros especialistas para conocer los costos que corresponden a honorarios profesionales según su caso y los costos de gestión operativa que estos puedan requerir. Cuente con nuestra Oficina de Abogados llamando a 506-2234-9927 o llenando el formulario de contacto de nuestro sitio web.